BY Mariana Mancilla Mendoza
De acuerdo a la historia de nuestro país, el Distrito Federal se ha caracterizado por lograr el avance de políticas públicas en el tema de igualdad y derechos humanos, incluso ha sido un referente histórico para la región al lograr la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación por voluntad de la mujer.
Estos avances siempre han sido logrados gracias a la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil que luchan por alcanzar la más alta protección de los derechos humanos, no sólo para las personas que habitamos en esta ciudad, si no para toda aquella persona que transite por aquí.
Tras años de ser impulsada una reforma política que convertiría al Distrito Federal en la Ciudad de México, con el fin de darle un estatus jurídico distinto que logre tener mayor autonomía, el pasado 20 de enero de 2016 fue aprobada por mayoría de votos esta iniciativa que en términos prácticos implica la creación de una Asamblea Constituyente Local y un documento constitutivo que rija a esta nueva entidad. De acuerdo con la participación histórica de la sociedad civil se esperaría que hubiera un llamado a la ciudadanía para discutir e impulsar un proceso verdaderamente democrático, pero no está resultando ser así.
De acuerdo con lo establecido en el proyecto de reforma presentado por el actual Jefe de Gobierno (Miguel Ángel Mancera) la configuración de la Asamblea Constituyente estará compuesta en un 40% por las decisiones del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y el Jefe de Gobierno de la Ciudad y el 60% restante se integrará por los candidatos de partidos políticos, sin que se permita la participación de candidaturas independientes, lo cual deja de lado la posibilidad de participación de aquellas y aquellos ciudadanos que no forman parte de un partido político. Además, nos preocupa mucho que no hay ninguna garantía para la paridad de género, sabemos que sin algo que los obligue terminarán siendo minoría las mujeres que logren estar en la Asamblea Constituyente.
Además, una vez instalado el Congreso el mismo jefe de gobierno debe entregar la propuesta de Constitución a la Asamblea y tendrán cuatro meses para poder hacer modificaciones, ya que deberá estar dispuesta para el 31 de enero de 2017.
Esta nueva entidad no parece estar ganando autonomía, al final la Asamblea Constituyente quedará con una mayoría del PRI, el partido con mayoría Federal, pero que no es mayoría en las diversas votaciones que se han realizado en lo local.
Por ahora las organizaciones de la sociedad civil estamos siguiendo el proceso muy de cerca, haciendo saber que no moveremos el dedo del renglón porque necesitamos que nuestra Constitución responda a la visión de ciudad de avanzada, soberana e independiente del ejecutivo federal en la toma de decisiones.
Es indispensable que la nueva Constitución garantice el respeto y ejercicio pleno de todos los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, que incluya de manera transversal las perspectivas de género, intergeneracional e intercultural, que permitan afianzar una política de igualdad sustantiva. Con el fin de impulsar las visiones más amplias de los derechos humanos, garantizando la participación de aquellos grupos de población que han sido históricamente excluidos de los procesos políticos como son las mujeres y las personas jóvenes.
Todo esto sin antes garantizar que por ningún motivo se retroceda en todos los derechos que hasta ahora se han logrado, sobre todo para el desarrollo y bienestar de las mujeres y mujeres jóvenes.
