BY Mirta Moragas Mereles
Paraguay tiene una de las legislaciones más restrictivas en materia de aborto. La única excepción a la penalización se da cuando existe un riesgo para la vida de la mujer. Fuera de esta excepción, se encuentra penalizada en todos los casos, con penas que pueden ser de hasta 2 años (para el caso de las mujeres que se practiquen un aborto), o hasta 6 u 8 años de privación de libertad en los casos agravados, cuando la vida de la mujer fuera puesta en peligro con la realización del aborto.
El reciente debate parlamentario en Argentina colocó el tema también en el debate público en Paraguay. El Ministerio de Salud informó que al año hay al menos 20.000 abortos clandestinos y que registran un promedio de 16 muertes de mujeres anuales por aborto. De todas maneras, estas cifras oficiales no representan necesariamente la realidad de las muertes pues muchas son registradas como muertes por hemorragia, toxemia o sepsis, por lo que muy posiblemente la cifra sería mucho mayor.
La penalización del aborto no impide la práctica sino condena a las mujeres a realizarse el procedimiento de manera insegura. Una investigación cualitativa sugiere que el “castigo” de las mujeres que abortan es pasar por el proceso de investigación, ya que por el marco penal, la gran mayoría accede a medidas alternativas a la prisión bajo condición de “aceptación” del hecho. Adicionalmente, se encontraron numerosas violaciones de derechos humanos e irregularidades en el procedimiento penal y en el trato del personal de salud.
Organizaciones de mujeres y feministas siguieron el debate con gran atención y llamaron la atención sobre la necesidad de la discusión abierta y sincera en Paraguay. Poder hablar de una realidad que compromete la vida, la salud y la autonomía de las mujeres es indispensable para vivir en una sociedad democrática. Tomar medidas en un contexto donde cada día dos niñas entre 10 y 14 años dan a luz como consecuencia de abuso sexual es también una gran deuda de la democracia con las niñas y las mujeres.