Autoras:
Sara Martinez, Libertad Lopez Olivera, Andrea Terceros Hans, Laura Valenciano, Oriana López Uribe, Mirta Moragas
Entre el 7 y el 11 de noviembre de 2022, se llevó a cabo la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en Buenos Aires – Argentina que, se centró en el tema de los cuidados bajo el lema: “La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género”, reconociendo la urgencia por un cambio sistémico que sitúe a la vida humana y del planeta en el centro de las políticas de desarrollo para que los cuidados dejen de recaer sobre las mujeres, como lo ha sido históricamente.
Como resultado de esta Conferencia, se tiene el “Compromiso de Buenos Aires”, un documento que, en 48 de los 54 puntos que contiene, los Estados parte se comprometen a diseñar, implementar y evaluar las políticas macroeconómicas, y especialmente políticas fiscales destinadas a cubrir las necesidad con respecto a los cuidados, con un enfoque de género y de derechos humanos.
De este documento, destacamos dos cosas en particular. La primera: se reconoce explícitamente la participación activa de las adolescencias y juventudes en los cuidados por ello, los Estados se comprometieron a: A) Promover medidas para que puedan iniciar, continuar y concluir sus estudios en áreas de ciencia, tecnología, matemática e ingeniería, garantizando su derecho a la educación. B) Implementar estrategias y políticas integrales para prevenir atender y erradicar formas de violencia que impactan de forma diferenciada a las adolescencias y juventudes. C) Apoyar la participación de estas poblaciones en el seguimiento de los programas y políticas públicas. D) Crear condiciones que favorezcan su autonomía, incluidos los servicios de salud sexual, accedo a educación integral en sexualidad y servicios de aborto.
Y sobre esto último es que queremos destacar un segundo punto. En el párrafo 19 del mentado documento, los Estados se comprometen a crear las condiciones propicias para la autonomía de las mujeres, las adolescentes y las niñas en toda su diversidad, explicitando no solo el acceso universal a los servicios de salud integrales, incluyendo los servicios de salud mental, salud sexual y salud reproductiva, acceso a educación sexual integral y a servicios de aborto seguro, garantizando los derechos sexuales y reproductivos. Sino también, se comprometen a garantizar el acceso al agua potable, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente, al saneamiento, a la energía renovable, no contaminante y asequible, al transporte público, a la vivienda, a la protección social y al trabajo decente para las mujeres además de servicios integrales de prevención y atención de todas las formas de violencia por razón de género contra las mujeres.
La justicia sexual y reproductiva propone una perspectiva que tome en cuenta las condiciones de vida y de las comunidades y territorios que habitan las mujeres, niñas y adolescentes en su amplia diversidad para que estas puedan efectivamente acceder a sus derechos sexuales y derechos reproductivos, desde una mirada interseccional. No creemos que este párrafo se trate precisamente de garantizar justicia sexual y reproductiva, pero llama la atención cómo por primera vez en un documento de acuerdos intergubernamentales, en el párrafo 19 del Compromiso de Buenos Aires, se toca puntos que parecen no estar relacionados pero que, si los miramos desde una perspectiva integral, se hace evidente la interrelación de todos ellos y esto invita a todos los actores involucrados en garantizar los derechos sexuales y reproductivos a reflexionar acerca de la importancia de trabajar por el acceso de otros derechos de las mujeres en su amplia diversidad como por ejemplo el acceso al agua potable, o a la vivienda para ejercer plenamente su autonomía sobre sus cuerpos, sus sexualidades, su vida (no)reproductiva, pues solo así podremos hablar de justicia.
Para conseguir este documento de acuerdos y compromisos, los y las delegadas de cada Estado debatieron acerca de cada uno de los puntos contenidos. Lastimosamente, durante las negociaciones se evidenció que tenemos aún Estados que se oponen abiertamente no solo al reconocimiento de la amplia diversidad de mujeres si no, a sus derechos humanos, especialmente los sexuales y reproductivos. El avance de la construcción del Compromiso de Buenos Aires se vio fuertemente obstaculizada por Estados con miradas profundamente retrógradas como es el caso de Paraguay y Guatemala, dando como resultado que el Estado paraguayo se negara a firmar algunos de los puntos mencionados anteriormente, dejando a su población sin la posibilidad de exigirle el cumplimiento y garantía de estos derechos.
Esperamos que el Compromiso de Buenos Aires, no se quede en un acuerdo más que los Estados firman pero no lo implementan. La pandemia por COVID 19 ha dejado en evidencia la precariedad de nuestros sistemas de salud, la insostenibilidad del sistema económico, recargando a las mujeres, niñas y adolescentes con obligaciones que son del Estado como lo son los cuidados y esto no puede continuar así. La sociedad civil latinoamericana estamos vigilantes, los Estados latinoamericanos y caribeños tienen la oportunidad histórica de mostrar al mundo que, de la región no solo salen instrumentos de avanzada en materia de derechos humanos, sino que estos se traducen en políticas públicas que garantizan mejores condiciones de vida para quienes la habitamos.
Walking Towards the Transformation of Care
The XV Regional Conference on Women from Latin America and the Caribbean took place in Buenos Aires between 7 to 11 November, 2022. The main theme was “The Care Society: Horizon for a Sustainable Recovery with Gender Equality”, to recognize the urgency for systemic change that places human life and the planet at the center of development policies. So care labor is not falling on the shoulders of women, as it has been historically normalized. The “Buenos Aires Commitment” came out of this conference, with the 48 out of the 54 points it carries, calling on Member States to design, implement, and evaluate macroeconomic policies, and especially prosecutors policies designed to meet care needs, with a focus on gender and human rights.
One of the main highlights in the Buenos Aires Commitment is recognizing the active participation of adolescents and youth in care. By which Member States commit to: a) promote measures to adolescents and youth so they can start, continue, and conclude their studies in areas of science, technology, engineering, and mathematics (STEM) to guarantee their right to education; b) implement comprehensive strategies and policies to prevent, address and eradicate forms of violence that have a differentiated impact on adolescence and youth; c) support the participation of these populations in monitoring public programs and policies; and d) create conditions conducive to their autonomy, including sexual health services, access comprehensive sexuality education, and abortion.
In regards to point (d), it’s important to take into consideration the following:. In paragraph 19 of the document, Member States to create conditions conducive to the autonomy of women, adolescents, and girls in all their diversity, underscoring not only universal access to comprehensive health services, including mental health and sexual, and reproductive health services, access to comprehensive sexuality education and safe abortion health services that uphold sexual and reproductive rights. Moreover, Member States commit to ensuring access to drinking water, healthy, nutritious and sufficient food, sanitation, renewable, clean and affordable energy, public transport, housing, social protection and decent work for women as well as comprehensive services for the prevention and care of all forms of gender violence against women.
Sexual and reproductive justice propose a perspective that considers the living conditions of communities and territories inhabited by women, girls, and adolescents in all their diversity; so that they can effectively access their sexual and reproductive rights from an intersectional perspective. We do not believe that this paragraph seeks precisely to guarantee sexual and reproductive justice, yet it is striking for the first time as an intergovernmental document. The paragraph 19 of the Commitment of Buenos Aires, touches on points that seem to be unrelated to each other, but if we look from an comprehensive perspective, the interrelation of all of them becomes evident and this invites all actors involved in guaranteeing sexual and reproductive rights to reflect on the importance of working for access to other rights of women in all their diversity; such as access to drinking water or housing to fully exercise their autonomy over their bodies, their sexualities, their (non) reproductive lives, because only in that way can we talk about justice.
To arrive at this document of agreements and commitments, Member States delegates discussed each of the listed points. Unfortunately, during the negotiations it became clear that there are states that openly oppose not only the recognition of the wide diversity of women, but also their human rights, especially sexual and reproductive ones. The progress and evolvement of the Buenos Aires Commitment was heavily hampered by regressive states such as Paraguay and Guatemala. To the extent that the Paraguayan delegation refused to sign off on some of the points mentioned above, the Paraguayan population was left without the possibility of demanding compliance and guarantee of those rights.
We hope that the Buenos Aires Commitment does not become just an agreement that the states signed but did not implement. The COVID 19 pandemic has highlighted the precariousness of our health systems, the unsustainability of our economic systems, burdening women, girls, and adolescents with obligations that are of the state, such as care. This cannot continue like this; Latin American civil society is vigilant. The Latin American and Caribbean states have a historic opportunity to show the world that advanced human rights instruments do not only come out of the region, but are also translated into public policies that guarantee better living conditions for its people.