BY Andrea Terceros Hans
En Bolivia el aborto es aún un delito penal, sólo se puede acceder a un servicio de aborto impune y seguro bajo 4 causales: violación, incesto, estupro, y riesgo para la salud o vida de la madre. La penalización del aborto en Bolivia se traduce en la clandestinidad de esta práctica. Diariamente, se calcula que entre 185 y 200 mujeres se practican un aborto de las cuales, por lo menos una muere, llegando a morir al año alrededor de 500 mujeres. Las mujeres empobrecidas lo hacen en lugares clandestinos que más se asemejan a carnicerías que a centros de salud en los que sortean malos tratos, violencia y, corren el riesgo de salir del mal llamado quirófano a un cajón para ser enterradas en el cementerio. Imagino que por ello no es casual que la mayoría de estos centros se encuentren en lugares circundantes a los cementerios de las principales ciudades bolivianas.
El pasado 10 de marzo se filtró a los medios de comunicación nacionales el artículo 157 del proyecto de nuevo Código del Sistema Penal que la Comisión de Constitucionalidad, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados venía trabajando desde hace algún tiempo, en el cual se propuso ampliar las causales de aborto impune en casos en los que la mujer se encontrase en situación de calle o pobreza extrema; no contase con recursos suficientes para la manutención de ella o su familia; sea madre de tres o más hijxs y no tenga recursos suficientes para mantenerlxs o sea estudiante. En estas causales la mujer podría acceder a servicios de aborto impune por una única vez y si se encontrase dentro de las 8 semanas de gestación.
De los 666 artículos de la propuesta del nuevo Código Penal sólo uno hablaba de aborto, pero fue suficiente para que los detractores de los derechos humanos de las mujeres quieran interponer posturas fundamentalistas en la elaboración de una política pública nacional, siendo que la CPE establece la independencia del Estado frente a las iglesias.
Rápidamente, los medios de comunicación se vieron inundados de representantes –hombres en su mayoría- de iglesias y plataformas que se hacen llamar defensores de la familia natural y la vida; iniciando una campaña de terrorismo mediático, desinformando a la población con datos carentes de sustento verificable; recolectando firmas que luego fueron presentadas en audiencias con la mencionada comisión y hasta con el presidente del Estado, dejando en claro en una de ellas que no estaban en contra del aborto pues, en los casos de violación ya se encontraba normado y no pedían la modificación de aquello pero, sí estaban en contra de lo planteado en la ampliación de causales.
Por su parte, el colegio médico no tardó en cerrar filas con las iglesias y a los pocos días su presidente expresó en conferencia de prensa que: “No van a poder obligarnos a los médicos a realizar el aborto, tendrá que ser el juez quien lo determine. Es lo mismo que yo le ponga a usted un revólver en la mano y le diga que por orden judicial mate.”. Desconociendo lo establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014.
Demostrando, ambas instituciones, que su posición no es en contra del aborto sino, del ejercicio del derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra reproducción. Su supuesta posición en defensa de la vida se contrapone a una de las principales consignas expresadas en sus marchas de los pasados días: “Quien no respeta la vida, no merece vivir”.
El debate aún no ha concluido; el pasado 26 de mayo de 2017 se aprobó el proyecto del Código del Sistema Penal en la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, quedando el aborto en el artículo 154 con algunas modificaciones, entre las más importantes que no será por una única vez y, todas las causales socioeconómicas propuestas quedan como una sola causal, en un solo inciso. Ahora deberá pasar para su revisión y aprobación a la Cámara de Diputados donde seguramente la arremetida de los sectores conservadores será más dura pues, sabido es ya que han permeado de maneras inimaginables todos los espacios de toma de decisiones del Estado boliviano.
Por nuestra parte, las feministas bolivianas consideramos que la ampliación de causales en el Código Penal es insuficiente porque siguen poniendo bajo tela de juicio la capacidad de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestra propia vida.
La coyuntura nos ha sorprendido y desde diferentes espacios, feministas y mujeres diversas nos hemos pronunciado de diferentes maneras y como hemos podido, intentando contrarrestar la desinformación y el terror generados por lxs anti-derechos.
Hace unos días tomamos las redes sociales y nos aliamos todas en manada y junto con compañeras de toda la América Latina hicimos llegar nuestra demanda a tomadorxs de decisión y a la opinión pública bajo la consigna #DespenalizaMiDecisión #ParaNoMorir.
Otras compañeras, en cambio, han optado por el camino de la sororidad y desde hace algún tiempo brindan de manera confidencial y anónima información de cómo realizar un aborto farmacológico seguro en casa.
Ante cualquier iniciativa, las respuestas obtenidas han sido más duras: insultos, deseos de muerte y de cárcel para quienes exigimos al Estado que detenga las muertes por aborto clandestino.
Los avances en materia de derechos humanos de las mujeres, especialmente de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que se han dado las últimas décadas en Bolivia han sido conquistas fruto de la lucha de mujeres valientes que han sabido moverse en un escenario político y social totalmente adverso. Son producto de las luchas históricas y no concesiones o regalos de ningún gobierno ni partido.
Las mujeres hemos sido parte de cada uno de los procesos revolucionarios de este país, desde la revolución por la independencia hasta el llamado proceso de cambio que Evo Morales dice encabezar. Pero a la hora de luchar por nuestro derecho sobre nuestro propio cuerpo, no sólo se oponen sino, nos lo quieren arrebatar y de las formas más perversas: dándonos a elegir entre la cárcel y la muerte.
Nuestra lucha es y seguirá siendo por la despenalización total del aborto. No descansaremos hasta que el aborto salga del Código del Sistema Penal, seguido de la creación de normativa que garantice el acceso a servicios de aborto seguro y gratuito en todo el sistema de salud del territorio nacional, sin distinción alguna para todas las mujeres bolivianas.
Mientras tanto, las muertes de las mujeres por aborto clandestino seguirán siendo responsabilidad del Estado, porque las mujeres seguiremos abortando con o sin su permiso, y a las que podamos salvar lo haremos a través de actos revolucionarios de amor y acompañamiento, porque a nosotras nos queda más que claro que
EN NUESTROS DERECHOS NO DAREMOS NI UN SOLO PASO ATRÁS.
